Industria, Distribución y Restauración ante el impuesto en Cataluña a las bebidas azucaradas envasadas

30 marzo, 2017

La legislación estatal sobre el impuesto queda paralizada.

La normativa catalana relativa al impuesto sobre las bebidas azucaradas, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de abril, finalmente quedará aplazada hasta el próximo 1 de mayo, dada la presión ejercida por el sector, el cual se opone radicalmente por considerarla ineficaz y discriminatoria, y sostiene, además, que la implementación de una medida de tal calibre requiere más tiempo para que las empresas e industrias implicadas puedan asumir los cambios que conlleva.

En un comunicado emitido el día 30 de marzo por ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS, CEDAC, FEHR, FIAB y Marcas de Restauración se solicitaba “un aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, de acuerdo a los planes del Govern” “Las empresas del sector consideran del todo inviables los plazos marcados para la entrada en vigor del nuevo impuesto que fue aprobado por el Parlament de Catalunya el pasado 22 de marzo y debe comenzar a aplicarse el próximo 1 de abril”.

La Ley aprobada obliga a repercutir al consumidor la cuantía del impuesto que, en algunos casos, supera el 50% del valor del producto.

Además, el sector pone de manifiesto que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado convenientemente a los consumidores, a pesar de estar claramente afectados, ya que la ley especifica que las empresas tienen la obligación de repercutir el impuesto al consumidor final, incorporando una cuantía que en algunos casos supera el 50% del valor del producto.

El gravamen se aplicará a las siguientes categorías de bebidas azucaradas envasadas: refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.

Por su parte, el impuesto estatal sobre el azúcar aún no ha sido objeto de desarrollo normativo y es probable que no se implemente para 2017. En este sentido han desembocado tanto las presiones ejercidas por las grandes empresas y por el sector remolachero azucarero, como el pacto cerrado entre el Partido Popular y Ciudadanos en lo relativo a la negociación sobre los presupuestos generales del Estado. El partido de Albert Rivera ha exigido la no subida de impuestos para 2017, lo que incluiría el citado impuesto especial, a cambio de su apoyo.