Artículo de nuestro nuevo presidente Octavio Llamas

27 octubre, 2015

Desde el año 2010 venimos observando las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial. Esta crisis ha tenido unas durísimas consecuencias tanto en el ámbito económico como en el político y social, con sustanciales aumentos del desempleo, ajustes presupuestarios e incrementos impositivos entre otros. Todo ello ha debilitado la demanda interna, generando también variaciones en el comportamiento del consumidor.

Desde la Administración pública se han adoptado medidas impositivas dirigidas a aumentar la recaudación del Estado, que han elevado de manera notable la presión fiscal nacional. Estos cambios impositivos han agudizado inicialmente la recesión y han tenido duros efectos sobre la actividad económica y el empleo.

Las consecuencias han supuesto un fuerte impacto al sector de la restauración, con caídas en la facturación superiores al 20% durante la crisis, como reflejan los datos del INE. Es bueno conocer que la elasticidad de la restauración respecto al PIB es próxima al 2% y son necesarios aumentos superiores a dicho porcentaje para que el crecimiento sea notable. Pese a la mejora de los indicadores, el crecimiento del negocio del sector es aún débil.

La crisis hostelera se agravó debido, entre otras cuestiones, a medidas legales como la prohibición de fumar en espacios públicos que, según informes de la consultora NPD, provocaron una bajada del 8% de la facturación. Además esto se complementó con la reforma fiscal de 2012, donde se introdujo la subida del IVA. Esto tuvo un impacto perjudicial sobre las ventas, con tasas de crecimiento de la facturación negativas de forma continuada durante los siete meses posteriores a la reforma. En el transcurso de este periodo han desaparecido más de 30.000 locales que, ligado al incremento de los costes eléctricos y otros como los laborales y los de algunas materias primas, han dejado al sector en una situación delicada, aunque los datos de este año, y en especial del periodo estival, son positivos.

La Asociación de Cadenas de Restauración Moderna, junto con algunas organizaciones empresariales, ha transmitido a estos organismos las negativas consecuencias que supondría una nueva subida impositiva del IVA tanto para nuestro sector como para la débil recuperación económica en la que nos encontramos.

El sector de la hostelería está todavía en una compleja tesitura: los datos de facturación en los últimos meses demuestran que si bien es cierto que se está produciendo un leve aumento del volumen de ventas, en ningún caso este crecimiento es sostenido; es más, los brotes verdes que se perciben se producen siguiendo un esquema de sierra. El incremento de tipos impositivos podría tener consecuencias muy negativas dada la volatilidad que presenta.

Nuestra propuesta para incrementar la recaudación del Estado y reducir el déficit fiscal se centra en la lucha contra el fraude fiscal.

El nivel de fraude fiscal de la economía española se sitúa entre el 19,2% y el 24%, según los datos del INE, Visa o Eurostat. En países como Holanda el fraude se encuentra por debajo del 10%; en Francia y Reino Unido, en torno a un 10%, y en Alemania, próximo al 13%. Sin duda, uno de los principales objetivos debe consistir en mitigar esta sangría de los ingresos públicos. En el caso del sector hostelero estos índices se sitúan entre un 19,6% y el 24,5%. ¿A quién no le han dado este verano un tique de caja hecho a mano completamente ilegible? Además, esto supone una pérdida de la competitividad debido a la competencia desleal provocada por aquellos que no pagan sus impuestos.

Pero, además de estos factores, la pérdida de recaudación fiscal producida por estas conductas irregulares suele verse acompañada de la necesidad de aumentar la presión fiscal al conjunto de la población. En varios estudios recientes, como el realizado por el economista Juan Carlos Collado, destacan que el fraude supone en España una reducción de los ingresos públicos superior a 20.000 millones de euros.

¿Y qué podemos hacer para combatir esta lacra? Apostamos por incrementar el cuerpo de inspectores de Hacienda e inspectores de trabajo de forma paulatina. España posee un ratio de inspectores/contribuyente significativamente inferior al de las principales potencias europeas. Este dato es importante ya que está demostrado cómo existe una relación inversa entre este ratio y el fraude fiscal.

En el ámbito laboral podrían aflorar más de un millón de empleos irregulares, para ello se han desarrollado medidas como la reciente reforma del tiempo parcial. Relacionando los datos de tiempo parcial y fraude de la OCDE se detrae que en aquellos países donde existe un mayor desarrollo de esta figura existe menor fraude. Además, las medidas incentivadas por el Gobierno de incrementar las sanciones a los que no realizan el alta de las contrataciones correctamente están repercutiendo de forma positiva en el aumento de la recaudación y mejorando la situación laboral de los trabajadores. La eliminación de ciertos trámites burocráticos y la mejora de la aplicación informática por parte de la Administración laboral también impulsarían los objetivos de mejora de la recaudación.

Otro de los elementos a mencionar es recuperar el IAE para empresas que facturen menos de un millón de euros, siempre y cuando tengan una deducción de la cuota del impuesto de sociedades o sobre la renta para no producir incrementos de la presión fiscal. Los beneficios de esta medida se centran en el aumento de los incentivos de la recaudación de la Administración local y su mejor coordinación con las Administraciones de Trabajo y Hacienda.

Creemos también en la simplificación de las figuras impositivas. Una opción sería la reducción de tipos ligada a un ensanchamiento de las bases imponibles. Para ello se debería bajar el tipo del impuesto de sociedades y eliminar las deducciones fiscales, llevando el nominal al tipo real del impuesto. Además, deberían llevarse a cabo medidas que dificulten las operaciones de ingeniería financiera a través de paraísos fiscales.

Por último, se deberían añadir campañas de sensibilización entre los contribuyentes y el conjunto de los ciudadanos para incrementar la permeabilidad sobre el perjuicio de esta corrupción.

Espero que estas propuestas aporten nuevos paradigmas al debate político, sin dañar la actividad económica cuando todo parece fluir hacia la recuperación.

Octavio Llamas –  Presidente de Fehrcarem.

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